EL CASTIGO DE UN LUCHADOR PDF Imprimir E-mail

EL CASTIGO DE UN LUCHADOR
Por Marcelo Puelles

Mientras el dirigente minero Pedro Condori era detenido por la policía cuando salía de una reunión en el Ministerio de Trabajo, el 9 de setiembre del año pasado a las siete de la noche, el sociólogo Wilfredo Ardito leía ante un auditorio en la Universidad Católica un artículo titulado “Los Peligros de ser Trabajador Minero”.

Dos meses antes, Condori y Ardito habían conversado sobre la situación que vivían los trabajadores de la minera Casapalca, a casi un año de la huelga que realizaron por el incumplimiento de actas firmadas con esa empresa, de cuyo sindicato Condori era secretario general. En aquella conversación el dirigente minero expresó su temor porque presentía que la policía lo seguía desde Huarochirí hasta Lima cada vez que venía a cobrar su sueldo mensual de 553 soles, pensó que de alguna manera ese seguimiento era normal ya que muchos otros líderes sindicales son vigilados y hasta denunciados y enjuiciados por el simple hecho de defender sus derechos laborales, pero lo que Condori nunca imaginó es que aquel 9 de setiembre del año pasado se convertiría en el primer sindicalista peruano encarcelado en el marco de una política gubernamental de criminalización de la protesta.

La fiscalía y la policía lo acusan de haber estado presente al mismo tiempo en Lima y en Huarochirí el 24 de noviembre de 2008, cuando una roca de 120 kilos, lanzada desde las laderas para bloquear la carretera central, le cayó encima al capitán PNP Giuliano Villarreal, dejándolo sin vida en pleno kilómetro 114 de la Carretera Central. Según la denuncia fiscal del caso, presentada por Gabriel Huamán, titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochirí, Condori cometió homicidio culposo por ser el dirigente de los huelguistas inscritos en un gremio que reúne a menos del 50% de los trabajadores de la minera, pero además cometió homicidio calificado por supuestamente haber ejecutado personalmente un plan para eliminar al capitán Villarreal, siendo imposible que Condori lo haya consumado, si se tiene en cuenta que, al ocurrir el crimen, el sindicalista estaba en Lima dialogando con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Los mineros pedían mejores condiciones laborales, aumento de sueldos y que la empresa cumpla con indemnizar a las familias de cinco de sus compañeros que murieron atrapados por un derrumbe en Casapalca.


Está enfermo

Encerrado en una celda-congelador en el penal de Aucallama, en Huaral, Condori enfermó en pocos días. Al ingresar al penal tenía 42 años pero la apariencia de un hombre de 60, cuatro meses después sigue teniendo 42 pero la apariencia de uno de 70. Al parecer, ser encarcelado por un delito que uno no ha cometido afecta más que trabajar en un socavón.

Por estos días al dirigente minero le sobra el tiempo y piensa en sus cinco hijos y en su esposa, y se preocupa de lo que su familia comerá cada día. Algunas organizaciones sociales han realizado una colecta, para ayudar con algo a la familia de Condori, quien, en medio de su sufrimiento, se ha solidarizado con la viuda del capitán Villarreal y demanda justicia para ella. Él mismo pidió: “Encuentren a los verdaderos responsables; nada de esto nos estaría pasando si la minería fuera responsable y formal en el Perú”.

Es así que la policía detuvo a otros seis trabajadores mineros. Los capturaron en sus domicilios, jugando fulbito. A todos se les acusó de interrupción de las vías de comunicación, pero a ninguno de ellos por la muerte del policía. Todos están hoy en libertad. Pero Pedro Condori está detenido junto a otras personas acusadas de cometer secuestros y asesinatos, y, según su esposa, Elsa Corosma, su salud empeora. “Está mal en la cárcel, pido la libertad de mi esposo, voy a hacer una actividad para él porque no tengo para pagar por su alimentación, por su cama en el penal. Mis hijos lo extrañan, lloran por él”, dijo.

En tanto, Roxana Huigua, la viuda del capitán Villarreal, demanda lo contrario, que Pedro Condori no sea liberado. “Esa roca no se cayó sola, hubo personas que empujaron la piedra para que caiga. Él sabía que la carretera estaría transitada y que habría personas y policías desbloqueando la carretera, cumpliendo con su deber. Él ha azuzado a la gente para que haga ese tipo de manifestaciones”, manifestó Huigua tras lamentar que el mayor de sus hijos ya no pueda disfrutar de su padre y que el último de sus hijos ni siquiera lo haya conocido porque nació después del deceso del oficial.

Sin pruebas

Hace dos meses Huaigua criticó a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) por asumir la defensa del hombre que ella considera asesino de su esposo. Al respecto, Wilfredo Ardito, consultado por LA PRIMERA, precisó que Aprodeh nunca hubiera defendido a Condori si hubiera pruebas que acreditaran su responsabilidad. Añadió que poner en peligro a personas es un delito y arrojar piedras también. “Una protesta social, por más justos motivos que tenga, no justifica el hecho de agredir a personas inocentes”, añadió.

La abogada de Condori, Patricia Figueroa, ya presentó sus alegatos de defensa y un informe oral en el cual expuso que la denuncia fiscal no tiene pies ni cabeza pues acusa directamente al dirigente minero sin que haya ningún testigo que lo señale. La letrada ha cuestionado también que se haya ordenado la detención de Condori sin tener en cuenta que tiene domicilio fijo y que no existe peligro de fuga. En menos de 15 días la Segunda Sala Penal, a cargo del juez Gerardo Alberca Pozo, tendrá que resolver un pedido para liberar a Condori, quien a estas alturas es un símbolo social de la represión en el Perú.

Clamor internacional por su libertad
A diario llegan al despacho del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, decenas de cartas provenientes de diversas partes del país y del mundo escritas por personas que se solidarizan con Pedro Condori y exigen su libertad. Amnistía Internacional sacó una Acción Urgente internacional. Además, la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos ya envío una comunicación al gobierno sobre este mismo caso y también al Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la ONU y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. asimismo la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Interamericana de Derechos Humanos han iniciado acciones urgente por la libertad del dirigente minero.

Por otro lado, como no podía ser de otra manera, la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) han hecho llegar una carta a la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel, que juzga a Condori, pidiendo su libertad. “El señor Pedro Condori es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la minera Casapalca, pero esto no implica de ninguna manera que se le vincule directamente con el cargo de homicidio culposo. La realización de un reclamo laboral no implica que se avalen o respalden hechos de violencia, Condori nunca los avaló, además, por la misma ausencia de intención, no es posible plantear autoría mediata ni coautoría, característica de los delitos dolosos. Creemos que deben proseguir las investigaciones sobre la muerte del capitán Giuliano Villarreal hasta ubicar a los verdaderos responsables”, señala la misiva escrita por los cuatro secretarios colegiados de la CCP. Asimismo, en las plazas de armas de Arequipa, Cajamarca, Pasco y Huancayo, miles de mineros han realizado plantones y vigilias por la libertad y la salud de Condori.


Tomado del diario La Primera.

 
 

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