Regeneración moral del país, contra la impunidad
Por Lourdes Bruckmann
La realidad viene confirmando por qué más del 85% de ciudadanos peruanos considera que la corrupción seguirá igual o aumentará en los próximos años, y 79% cree que en nuestro país no se cumplen las leyes, viendo en el Poder Judicial la institución más corrupta (61% en la encuesta de proética 2008).
Ello está acorde con el Índice de percepción de la corrupción (IPC) que emite Transparencia Internacional, clasificando a 180 países en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), donde el Perú sale jalado, en el puesto 72, con 3,6.
Sin embargo, declaran muy campantes tanto el Premier como el Contralor General que más de 10,110 funcionarios públicos son procesados por casos de corrupción, de los cuales sólo 1,033 han sido sentenciados; 7,665 son denuncias por delitos de peculado (robo de caudales del erario público), y 2,967 por delitos de concusión (Exacción arbitraria, exigencia de impuestos, prestaciones, multas, deudas, etc, hecha por funcionarios públicos en provecho propio).
Súmese a ello lo no contabilizado –por oculto o “pasar piola”- en delitos de soborno, tráfico de influencias, malversación, enriquecimiento ilícito, nepotismo, encubrimiento, blanqueo, que adicionan cientos de miles de casos, y que las convenciones anticorrupción de la ONU e Interamericana denominan con mayor propiedad, mientras en el Perú se enmascaran con las palabras de “cohecho”, peculado, concusión, etc.
Régimen corrupto y reino de la impunidad
Las iniciativas demagógicas como el nombramiento de la “Zarina anticorrupción”, el Plan Nacional de lucha contra la corrupción (2008), la instalación de comisiones de alto nivel con el mismo fin, las leyes de transparencia, han dado al traste porque el problema es sistémico, es funcional al modelo económico neoliberal, al enriquecimiento de las clases dominantes, al narcotráfico, y a la tradición cleptocrática de los funcionarios de confianza y capitostes del partido de gobierno.
No son acaso una burla al país el tema de los petroaudios y Rómulo León, el indulto a Crousillat, la libertad del General Chacón y el enriquecimiento ilícito de su familia, del narcotraficante y asesino Valdez que ha sido exculpado en una instancia, por solo mencionar algunos. Como lo es la contradicción flagrante de cerrar salas y juzgados especializados en lucha anticorrupción como lo ha hecho este gobierno.
Mención aparte merece el Poder Judicial con sus magistrados viajando a Europa pagados por la trafosa Universidad Alas peruanas, y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con sus miembros prevaricadores –que cobran en moneda e injusticias- por nombrar jueces y fiscales ad-hoc al poder político y la corrupción, dejando de lado a magistrados honestos como Avelino Guillén, CNM que debe ser reorganizado integralmente con los hombres y mujeres más probos de este país.
¿Nos quedamos de brazos cruzados?
La izquierda ha planteado al país la lucha por la regeneración moral, contra la impunidad, por nuevos valores e instituciones expresados en una Nueva República y Constitución. Este reto debe encararse en el presente, desde las bases sociales, gremios y partidos políticos, un ejemplo son las rondas campesinas que administran justicia en sus comunidades y localidades con acierto y equidad.
Vencer la desinformación, la pasividad, el servilismo y el clientelaje, es una tarea de pedagogía política, de conocimiento de derechos y valores, de autocrítica y ejemplos positivos, de ética política, que debe acabar con “el pacto infame de hablar a media voz”.
El régimen instaurado por Alan García, de continuismo neoliberal, supera en corrupción, entreguismo antinacional y autoritarismo represivo a los anteriores gobiernos, y prepara a sus huestes para quedarse por décadas en los vericuetos del poder, la burocracia dorada, y la judicatura, en alianza con otros partidos del bloque dominante.
Solo la denuncia, la organización y el control ciudadano constante podrán arrinconar a la corrupción y sus múltiples manifestaciones. A la par que el cumplimiento de leyes y convenciones internacionales que requieren reglamentación, el consenso de los ciudadanos honestos que luchan por el cambio profundo de nuestra patria.
La plataforma y plan de gobierno de la izquierda deben considerar de motu proprio la apertura del secreto bancario de sus candidatos, así como la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles.
